Ex Intendente Rubén Darío Garcilazo

Victoria.- Se ha planteado una nueva situación en torno a aquel empresario de apellido Huarte, tan polémico en aquel tiempo cuando vino a nuestra ciudad siendo monotributista, prometiendo la construcción de un gran establecimiento faenador. El problema se suscita con el lote de 4 hectáreas que le vendió la Municipalidad y es un tanto complejo para explicarlo, aunque no para que lo comprendan los bien informados sobre legislación municipal. Se destapó cuando funcionarios de la Afip vinieron a embargar el establecimiento por una deuda que mantiene Huarte con el ente recaudador. Aquí descubrieron el inmueble pertenecía a un Cuit diferente.

El comienzo del caso   

Ocho años atrás, cuando Luis Guillermo Huarte solicitó al gobierno municipal la compra de un terreno para la construcción de un frigorífico para la faena y comercialización de vacunos y cerdos, se realizaron las presentaciones de estilo ante el Concejo Deliberante. Cuando el cuerpo legislativo trató el punto referido a la cesión de 4 hectáreas de tierras municipales al mencionado empresario, en la zona del  “área industrial”, fue rechazado por 7 votos contra 3 (Período 2009).

Esto ocurrió durante la gestión de Cesar Garcilazo, quien pese a los argumentos esgrimimos en la sesión que cuestionó al empresario y no autorizó la venta, siguió adelante y finalmente el empresario hizo uso de esas tierras, gracias a que el Ejecutivo Municipal aplicó el decreto de arrendamiento de tierras por el término de 5 años. Después de ese plazo, Huarte podría comprar ese terreno, aunque el espíritu de la norma (que data de 1977) tiene como objetivo cederle pequeños lotes fiscales a personas humildes, para que construyan sus viviendas, como ocurre actualmente. De todas maneras fueron pocas las objeciones en el ámbito político, porque en definitiva se trataba de un emprendimiento fabril y fuentes de trabajo.

Haciendo uso de lo establecido en la ordenanza de arrendamiento Nº 74/77, el Ejecutivo Municipal autorizó a Huarte a utilizar el predio durante cinco años, prorrogable por cinco años más, por el cual debía pagar un canon mensual. Una vez finalizado este período la norma establece que el arrendatario puede ofrecer comprar el predio en base a las mejoras que incorporó.

Precio

En esa oportunidad (febrero 2012) Huarte ofreció pagar los 40.000 metros cuadrados a razón de 12 pesos el metro, lo que totalizarían 480.000 pesos.

De todas maneras los ediles resolvieron que se forme una comisión integrada por representantes del Colegio de Martilleros, Corredores y de Ingenieros, para que se expidan al respecto. Una vez que ello ocurriera, de todas las cotizaciones había que aplicar la más elevada para autorizar la venta.

El pedido de Huarte –antes que se cumplan los 5 años- se asentaba en la necesidad de tener un predio a su nombre para realizar la inversión, que fue de varios millones de pesos, como quedó demostrado.

Por otra parte el empresario mantenía una deuda con el municipio por cuotas impagas del alquiler, por una cifra cercana a los 100 mil pesos, que también complicaba la operación.

El tema de la morosidad se centraba en que por contrato no podía deber más de tres meses consecutivos, en consecuencia fue pagando esencialmente el arriendo cuidando ese detalle, un mes si,  dos no. Pero se le complicó al solicitar la compra del bien, ya que por disposiciones vigentes el aspirante no debía tener ninguna deuda en mora con el municipio. A raíz de eso emitió un cheque para que quedara en caución y pudiera ser cobrado en fecha a determinar en ese concepto, pero al no hacerse efectivo era una figura difícil de encuadrar y un pago inexistente, no obstante se siguió adelante.

Autorización

Pasada esta etapa seguía vigente la solicitud de compra del inmueble ante la municipalidad y el Concejo Deliberante, pero con otra conformación política, el municipio autorizó la venta del terreno a la firma “Luis Guillermo Huarte SA”.

Transcurrió el tiempo y el solicitante modificó la razón social de la firma, que pasó a denominarse “Frigorífico Huarte SA”, que obviamente, cumpliendo con las disposiciones de la AFIP, se transformaba en otra figura jurídica e impositiva.

Pasada esta etapa y durante la gestión de Rubén Darío Garcilazo se resolvió efectivizar la venta del predio y en ese trámite administrativo se habría cometido un error insalvable. Porque según la documentación que tiene la AFIP en su poder, el Decreto de transferencia de terreno se hizo a nombre de  “Frigorífico Huarte SA”, cuando tendría que haber sido a Luis Guillermo Huarte SA.  

El tema sale a la luz porque esta última sociedad debe a la AFIP  11 millones de pesos en concepto de tributos impagos, y cuando los abogados del organismo tributario llegaron a Victoria para embargar el bien, no figuraba a nombre deudor sino que era otra sociedad.

Ante esta situación, el ex Intendente Rubén Darío Garcilazo y los funcionarios  podrían estar incursos en un delito por haber cedido en venta un bien del Estado que no tenía autorización del Concejo Deliberante.

El artículo N° 248 del Código Penal tipifica como Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los funcionarios públicos “al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Según una fuente segura de Paralelo 32, la AFIP ya habría realizado una presentación judicial ante la fiscalía local, o lo haría en forma inminente, que complicaría al ex intendente Rubén Darío Garcilazo.

Síntesis

Para simplificar el caso: La empresa original fue Luis Guillermo Huarte SA, que solicitó a la Municipalidad la compra del terreno sobre el cual ya había construido su establecimiento faenador. El HCD autorizó esa venta, que se demoró por deudas del solicitante. Para cuando Huarte compró el lote, ya había creado otra empresa con el nombre de Frigorífico Huarte SA. Inexplicablemente el Ejecutivo municipal le vendió el terreno a esta última. Así, los bienes de Huarte cambiaron de razón social pero él siguió operando ante la Afip con la razón social original, contrayendo deudas. El resto está minuciosamente explicado en la nota.

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