El estado crítico de los caminos rurales del departamento Nogoyá y sus consecuencias sobre la producción, la salud y la educación motivaron la presentación de un proyecto de Ley para declarar la emergencia vial. La iniciativa, presentada este miércoles decreta la emergencia “mientras dure la intransitabilidad de los caminos rurales y el mal estado de la rutas provinciales” del departamento. Concretamente implica, por un lado, que la Dirección Provincial de Vialidad provea “los medios necesarios para reparación, mantenimiento y puesta en valor de todo el trazado vial de los caminos rurales” y, por el otro, suspender el vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural y Automotor de los vecinos afectados por el plazo de 90 días.

En su fundamentación, el diputado Fuad Sosa, autor del proyecto, se refirió a “la triste y penosa información del derrame de unos 4.000 litros de leche por parte de un productor a escasos 18 kilómetros de la ciudad de Nogoyá en la Zona de Colonia 21 y la imagen de un vehículo empantanado hasta el extremo de no poder continuar circulando y por ende provocar que el conductor haya tenido tirar el producto de todo su esfuerzo laboral y fundamentalmente su medio de vida, no puede dejar de conmover la sensibilidad de cualquiera que haya asumido una responsabilidad pública y política”.

Sosa advirtió que no se trata de un hecho aislado y esporádico y que situaciones como esta son moneda corriente en casi todo el departamento. En el caso puntual, detalló que en la zona en que se produjo el hecho “conviven 35 familias en aproximadamente 3000 hectáreas y a lo largo de 10 kilómetros de un camino de tierra que es la única arteria por la que se transporta la producción de la región, pero podría considerarse cualquier otro distrito o Junta de Gobierno al azar que la realidad seria exactamente igual”.

Frente a esto, sostuvo que muchos productores han denunciado “que existen lugares como Chiqueros que la última vez que anduvo una maquina de Vialidad fue en noviembre de 2016 y desde entonces las demás reparaciones han sido o corrido por cuenta de los propios vecinos, sin que se haya destinado fondos para combustible, colocando a la Zonal de la DPV en una parálisis y acefalía indignante”.

“La noticia del cierre de 37 tambos durante el año 2016 en todo el departamento genera tristeza y vergüenza en una provincia que debiera dedicar todos sus sacrificios a brindar la infraestructura imprescindible en orden a garantizar el trabajo y la producción de todos sus habitantes”, cuestionó el legislador que lamentó que “atrás quedó aquella condición de cuenca lechera de la provincia que tanto enorgullecía a todos los nogoyaenses, y en donde había más de 150 productores tamberos”.

De todas maneras, en la parte la parte argumentativa de la normativa que se impulsa, el diputado nogoyaense señaló que no sólo a la lechería se ve afectada y alertó que la educación y salud de los habitantes rurales se ve interrumpida “dado que los docentes y agentes sanitarios no pueden asistir a brindar el servicio, mucho menos trasladar un enfermo a un hospital en la cabecera departamental”, publicó AIM.

Por eso sostuvo que la provincia debe intervenir “de manera urgente” y garantizar “las condiciones mínimas de transitabilidad” porque, de lo contrario -advirtió- “en poco tiempo será imposible frenar el éxodo rural y la destrucción de cientos puestos de trabajo en el sector lácteo”.

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