Desde el 2017 en la provincia se aplica el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo
El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, mediante Resolución 2383 y 3616/17 del 29 de agosto de 2017, firmado por la ministra de Salud Sonia Velázquez, actualizó el “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”- ILE -, en reemplazo de la guía de procedimientos que estaba vigente en Entre Ríos desde el año 2012, y que “era considerada ‘restrictiva’ por distintas organizaciones abortistas -entre ellas Amnistía Internacional- que desde hace años venían pidiendo su reforma. Entre los cuestionamientos estaban: que el médico pudiera hacer objeción de conciencia ante un pedido concreto de aborto, que tenga posibilidades de convocar a un equipo interdisciplinario, que el Director del hospital tuviera que autorizar la práctica”.
En los considerandos de la Resolución se menciona a “los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos” y se invoca el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘F.A.L. s/Medida Autosatisfactiva’ donde el Tribunal exhortó “a las autoridades (. . .) con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normativa del más alto nivel (. . .) protocolos hospitalarios para la concreta atención de abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.
“Que mediante resolución 974/12 MS, el Ministerio de Salud de la provincia, aprobó una Guía de Procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de abortos no punibles; que en virtud de la vigencia del Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Ilegal del Embarazo (Guía ILE) dictado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino, dicha Resolución debe ser revocada”, se precisó.
Asimismo, se planteó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sentencia en la causa ‘F.A.L. s/Medida Autosatisfactiva’, sosteniendo que el Artículo 86º Inciso 2 del Código Penal de la Nación establece que ‘el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible (…) si el embarazo proviene de una violación’, sea esta o no incapaz y exhorta ‘a las autoridades (…) con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normativa del más alto nivel (…) protocolos hospitalarios para la concreta atención de abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.
Se agrega en los considerandos de la resolución del Ministerio de Salud de la provincia que “nuestro país ha ratificado numerosos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional -Artículo 75º Inciso 22 de nuestra Constitución Nacional-, en los que se destacan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Belén do Pará…”.
Teniendo en cuenta que la provincia se encuentra adherida a este protocolo que fuera elaborado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y no removido por Mauricio Macri; en el programa El Ventilador que se emite los miércoles por la noche en la señal de Canal 11 de Paraná, la Obstetra Carolina Comelaras mencionó que «Veo mujeres de bajos recursos que concurren a la guardia del Hospital (San Roque) a solicitar una interrupción del embarazo. Esas mujeres pueden acceder a una práctica segura bajo el protocolo al cual la provincia está adherido como política pública, hay conserjería, nadie las obliga, firman un consentimiento, y acceden luego a un método anticonceptivo», indicó refiriéndose a la «Guía de Procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de abortos no punibles» que aplican los profesionales de la salud que llevan adelante el procedimiento. Agregando que «En el hospital San Roque, desde junio de 2016, con historia clínica, con consentimiento, con la medicación en la farmacia, hasta que yo hablé en Diputados, fueron 274 mujeres a las que se les realizó el aborto. Ahora son muchas más», dejó en claro.