La decisión del Gobierno provincial de adherir al protocolo nacional de aborto no punible tuvo el rechazo de cuatro diputados provinciales y de grupos religiosos. Días atrás sacaron una solicitada en la que reclamaron al gobernador Gustavo Bordet que dé marcha atrás con la resolución del Ministerio que reglamenta el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” y hoy se hicieron presentes en el recinto de Diputados.

Del otro lado estaban representantes de organizaciones sociales y políticas (la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Hijos, Sexualidades Disidentes, ATE, CTA, Multisectorial Feminista, entre otras), que vienen reclamando la despenalización del aborto y que han manifestado su total respaldo a la decisión de la Provincia de adherir al protocolo nacional de aborto no punible.

Estas organizaciones distribuyeron entre los legisladores un comunicado que difundieron este lunes 6 de noviembre en el que cuestionaron “el accionar malicioso de grupos antiderechos que desinforman a la población y se niegan a respetar las leyes vigentes, poniendo en riesgo la salud y vida de las mujeres” y pusieron el eje de sus críticas en los cuatro diputados provinciales que pretenden que la Provincia no adhiera al protocolo nacional: Joaquín La Madrid, María Alejandra Viola, Martín Anguiano, de Cambiemos, y Gustavo Guzmán, del Frente para la Victoria.

En ese marco, la diputada María Alejandra Viola dijo que ingresó un petitorio para que se dé marcha atrás con la adhesión a la norma nacional y pretendió debatir el tema en la sesión, cosa a la que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, no dio lugar debido a que no estaba en el orden del día.

Los representantes de las organizaciones que respaldan la decisión de la ministra Sonia Velázquez destacaron que “así como en muchas oportunidades vinimos a este recinto a exigir y a reclamar políticas públicas para las mujeres, hoy vinimos a respaldar y a apoyar la responsabilidad ética que ha asumido el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud Sonia Velázquez, en defensa de los derechos de las mujeres y que saca a Entre Ríos del incumplimiento legal en el que estaba incurriendo”.

La adhesión al protocolo no punible tiene como objetivo indicarles a los profesionales de la salud qué hacer en los casos en los que se presentan casos de aborto no punible: cuando corre peligro la vida o la salud de la madre o en casos en los que el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

 

(Fuente: APFDigital)

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