En la primera sesión de prórroga del 138º período legislativo y última del año 2017, el Senado entrerriano dio media sanción a un proyecto de ley que propone un sistema de uso adecuado, racional, responsable y correcto de productos fitosanitarios en los procesos productivos.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivos “la protección de la salud humana, de los recursos naturales, del ambiente y de la producción agropecuaria”, contribuyendo así a lograr calidad de los alimentos y materias primas de origen vegetal, al desarrollo sostenible y a minimizar el impacto ambiental que pudieran generar estos productos que forman parte del paquete tecnológico que se aplica en los cultivos que cubren nuestro territorio.

Para la iniciativa es una premisa central la salud, la que se considera como “el principio prevalente” en caso de conculcarse el equilibrio buscado.

Iniciativa “imprescindible”

El proyecto ingresó en la sesión de este martes y fue tratado sobre tablas. Tiene las rúbricas de los senadores de Villaguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Concordia, Islas y La Paz, Mario Torres, Nicolás Mattiauda, Francisco Morchio, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena, respectivamente.

El senador Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró “imprescindible” trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguna de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin “atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores” interesados y ocupados en el tema.

El legislador destacó que se tuvieron en cuenta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia.

También se destacó el trabajo de la comisión bicameral que trabajó intensamente en el último año y convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.

El proyecto

El proyecto -que ahora pasa a la Cámara de Diputados- tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos.

Viene a reemplazar la normativa vigente desde el año 1980 (Ley 6.599 y modificatorias), que fue pionera en su momento. Pero el paso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías, como la necesidad de lograr controles efectivos que protejan a la población tanto urbana como rural, determinan la necesidad de encontrar una normativa adecuada a estos tiempos.

El texto, que ya fue girado a la Cámara de Diputados, se sustenta en una trilogía de valores que son: la protección de la salud humana, la protección de los recursos naturales y la protección de la producción agrícola.

El senador Torres expresó a sus pares que “es un tema complejo, no sólo por el anhelo de lograr un adecuado equilibrio en la jerarquía de los derechos en juego, sino por la competencia de regulación en los distintos niveles de gobierno que confluyen en la temática”. “No podemos soslayar que ella está regulada por los Códigos de fondo y varias leyes nacionales, las cuales, si bien establecen marcos generales de aplicación, reglan una parte de la materia”, se explayó.

Más allá del objetivo regulador, se intenta que sea una norma lo suficientemente abierta para contemplar tanto las particularidades geográficas del territorio entrerriano, como así también el avance tecnológico cuya velocidad pone en riesgo de convertir en letra muera cualquier disposición restrictiva que no permita una rápida readaptación.

En el capítulo I y II se establecen los objetivos, sujetos y alcances de la ley, destacándose que “se propone un nuevo paradigma de abordaje fitosanitario, en base a una trilogía axiológica compuesta por la protección de la salud humana, los recursos naturales, el medio ambiente y la producción agrícola.

Se apunta a un equilibrio entre todos estos factores. Además, para dotar a los organismos de fondos necesarios y suficientes para realizar los controles que tiendan a la preservación de la salud, se crea un Fondo Fitosanitario. También se propone la realización de convenios entre los distintos niveles de gobierno y entre gobierno y entidades, como así también la constitución de un registro para el control adecuado de la maquinaria utilizada en las aplicaciones.

Un capítulo se ocupa del tema de las aplicaciones. La pulverización de plaguicidas deberá hacerse resguardando posibles daños a asentamientos humanos y a las fuentes de aguas naturales (arroyos, ríos). Se proponen restricciones que en algunos casos llegan a los tres mil metros.

También es importante la participación y responsabilidad de los profesionales de la agronomía y se regula en la misma norma la disposición final de los envases vacíos de productos químicos.

Aparece un Consejo Provincial Fitosanitario, que deberá brindar un aporte material de referencia científico y técnico para ser utilizado por todos los actores relacionados a este tema, con el propósito de fijar estrategias precisas para el uso adecuado y control de las aplicaciones de fitosanitarios.

Se apunta a generar un marco para lograr la cooperación de las autoridades del Estado con los actores privados y las organizaciones que los nuclean, para elaborar, mejorar y aplicar las políticas públicas que resguarden la salud humana.

Otro de los elementos constitutivos del proyecto es la construcción de un sistema de Fiscalización, Control y Sanciones, ya que el éxito de la normativa depende de la aplicación efectiva de sus disposiciones, por lo que se apunta a lograr una fuerte presencia de la autoridad de policía del Estado provincial.

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