El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aseguró que “no se le puede discutir a las provincias sus potestades tributarias; eso es muy caro al federalismo”. Fue en el marco de la posibilidad que se avance con un proyecto de ley que exija a las provincias introducir modificaciones en la estructura tributaria o facturación del servicio público de distribución de la energía eléctrica.

Al respecto, Rodríguez Signes, sostuvo que “no cree que el Presidente o algún legislador nacional que juró por la Constitución envíe un proyecto modificando la estructura tributaria de la provincias porque eso está en el artículo 75 de la Constitución y la distribución de competencias no se puede modificar por una ley”.

En ese sentido, explicó que a “la Nación le corresponde legislar sobre determinados impuestos, a las provincias sobre otros, algunos son concurrentes, y a los municipios ni que hablar porque tienen autonomía institucional, financiera, política y económica. De manera tal que no le corresponde al Congreso de la Nación legislar acá”.

Dijo luego que “con esa técnica de la limpieza lo que se haría es que por una ley nacional en la factura no se puedan incluir estos impuestos. No eliminarlos ni modificarlos, sino que no se incluya en la factura. Desde el punto de vista jurídico, eso tampoco se puede hacer porque todos los contratos de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica son contratos de derecho público provincial. Es decir, es materia no delegada a la Nación”.

“Si hay algo que las provincias se reservaron desde 1853 en adelante fueron determinadas facultades que no fueron cedidas a la Nación y una de ellas justamente es el derecho administrativo, y el servicio público de distribución, no el de generación y de transporte, son potestades de la provincia y cada una de ellas tiene su marco regulatorio”, aseveró.

Precisó que en el caso de la provincia de Entre Ríos, “tiene su ley y un contrato de concesión que la vincula con la empresa Enersa y con las cooperativas, y ese contrato implica que hay que tributar y las provincias tienen facultades para decidir si dentro de la factura se incorpora la cobranza del impuesto a los ingresos brutos o de algunas tasas municipales como existen en la factura eléctrica. Así que tampoco, ni directa ni indirectamente, es aceptable que el Congreso de la Nación se inmiscuya en estas que son facultades netas de las provincias y de los municipios”, sentenció.

En cuanto al proyecto de ley, Rodríguez Signes sostuvo que “claramente es una expresión de deseo porque si algo tiene una ley es su carácter imperativo. Es decir, la obligación de cumplirla bajo apercibimiento que si no la cumple el Estado ejercerá todo su poder coercitivo. Entonces, invitar a las provincias no es una ley. Es una invitación con el formato formal de ley, pero no es una norma jurídica real”.

“Es una declaración de interés. En el Congreso y las Legislaturas hay distintas formas de la expresión de la voluntad. Una es la ley, y otros son los proyectos de resoluciones y los pedidos de informes. Esto es un proyecto de resolución”, sostuvo.

Dicho esto, insistió que “el título es materia exclusiva y excluyente de las provincias porque los contratos de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica vinculan al Estado provincial con las empresas que prestan el servicio. Entonces, esos contratos son típicos contratos de derecho administrativo y la legislación aplicable es la provincial y no la legislación nacional”, reiteró.

“La Nación no puedo introducirse a modificar los contratos de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica. Eso es terminante. Por eso dice el proyecto que invita a las provincias a adaptar o adecuar sus legislaciones. Entonces no es una ley de carácter obligatorio, sino que es una invitación y forma parte de esta discusión en torno al tema del incremento tarifas y demás, pero no es una ley en el sentido material”, aseveró el Fiscal de Estado.

Consultado sobre cuál es el mecanismo que debe implementar llegado el caso que decida el Gobierno provincial introducir modificaciones, el Fiscal de Estado explicó que deberá hacerlo a través “de una modificación de la ley provincial que es la regula el marco regulatorio eléctrico y los contratos de concesión” e indicó que “la provincia puede ejercer sus facultades tributarias y de modificación de los contratos administrativos porque en el derecho administrativo funcionan lo que se llama las prorrogativas de la administración, facultad denominadas exorbitantes, este es un término técnico no literal, pero sí la provincia podría modificarlo”.

No obstante, advirtió que “hay leyes convenios con los municipio y éstos también forman parte de este complejo normativo, por lo tanto no se puede hacerlo también sin el consentimiento de los municipios. Diría que los municipios tienen mucho que ver porque una parte de la tributación es de naturaleza municipal”.

“Si se sancionara una disposición de este tipo, que yo no la llamaría ley, habría que traducirla en la provincia en otra ley modificatoria del régimen que le mencioné. De lo contrario es inaplicable”, remarcó.

Rodríguez Signes sostuvo luego que “no se le puede discutir a las provincias sus potestades tributarias. Eso es muy caro al federalismo y es raro porque en esta gestión se han celebrado dos consensos fiscales, con lo cual Nación tiene conciencia lo que es el derecho de las provincias, del Estado federal, el derecho intrafederal y el derecho administrativo local”.

Por otro lado, desestimó que haya participado del análisis de la posibilidad de introducir modificaciones por parte del gobierno provincial. “No creo que salga una ley de este tipo porque los legisladores saben que esto es materia de las provincias. Lo que pasa que esto es más que nada una jugada política que estrictamente legal. Me parece que acá hay un gran debate en torno a este tema y el gobierno tira esta idea, pero para mí no tiene asidero jurídico”, señaló

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