El ministro de Energía de la nación, Juan José Aranguren anunció este viernes 31 de marzo, incrementos de las tarifas del gas entre el 24 y el 36 por ciento.

Conociendo de antemano la decisión del Gobierno nacional, los defensores del pueblo de todo el país abordaron el tema y difundieron con el pedido de que el gobierno retrotraiga cualquier tipo de aumento para todo el año 2017 “tal cual lo habíamos pedido en las audiencias públicas”.

“No se ha respetado lo que la Corte Suprema falló, que es la proporcionalidad, la razonabilidad y la no confiscación. Creemos que es confiscatorio porque si bien el aumento como lo plantea el gobierno va del 24 al 36 por ciento depende la zona y categoría, es mentiroso en cuanto a que es el primer aumento de 2017 ya que en octubre habrá otro aumento similar”, cuestionó Garay en diálogo con la agencia AIM.

Además, el defensor comentó que estos aumentos “no deberían haberse dado antes del cierre de las paritarias o por lo menos discutirlos antes para que los trabajadores y los sindicatos sepan de antemano cuál es el valor real de todas las tarifas”.

Garay consideró que ya debería quedar claro qué va a pasar con el gas envasado y sostuvo que “se lo tiene que declarar como servicio público y que se ponga precio testigo y tope con un control por parte del Estado para que no haya abuso en la venta de garrafas, sobre todo de 10 kilos que es la más usada por los sectores más vulnerables”.

Por otro lado, advirtió que “la quita de subsidios al Gas Natural Comprimido va a repercutir en el costo y esto traerá aparejado el traslado a los usuarios”.

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