Victoria.- La modificación del Código Civil y Comercial de la Nación aplicada en 2015 marcó un antes y un después en el conflicto monetario latente entre el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y las municipalidades, por el pago de la tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

Cabe recordar que el Colegio de Corredores había interpuesto una acción legal para evitar el pago de esta tasa, hecho que en Victoria tuvo como protagonista a Ramón Pereyra, quien además le había vendido como comisionista a la Municipalidad un terreno pero debía dinero bajo este concepto descripto, hecho que llevó a la Comuna a descontar del pago para saldar la deuda que mantenía.

Sumado a lo anterior, se involucraría al viceintendente actual, Alcides Risso, en una situación similar ya que era otro deudor desde 2012 cuando comenzó su actividad. Este profesional, al igual que los demás, estaba a la espera de una resolución judicial que los eximiera del pago al fisco, ya que el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos recomendaba no pagar (incluso hubo rondas de visitas en distintas localidades, entre ellas Victoria, donde los referentes del mismo explicaban los alcances de esta medida – N.R.). Y fue así que la gran mayoría de los colegiados, no pagó.

La modificación del Código Civil tuvo como punto de inflexión el 1º de agosto de 2015 para todos los Corredores Inmobiliarios, excluyéndolos de la actividad comercial a partir de esa fecha, ya que están “habilitados para el ejercicio profesional del corretaje” (Art. 1346 Cod. Civ. y Com, Ley 26.994). En otros términos; son simples comisionistas.

Anteriormente se los inscribía dentro de la actividad comercial, e incluso estaban aquellos que ejercían el corretaje sin tener ningún título. Como ninguna ley o norma se puede aplicar con retroactividad, los que antes no tributaron debieron haberlo hecho, porque no fue una acción del Colegio de Corredores la que les dio la razón de no abonar la tasa, sino una norma nacional que alteró su letra desde la fecha mencionada.

Una firma fue el detonador

En medio de este reclamo, el abogado local Carlos Guillermo Reggiardo, el 26 de agosto del año pasado haría pública una denuncia a través de las redes sociales, donde vertía cifras de la deuda importante que su colega y a la vez Corredor Inmobiliario Alcides Risso mantenía con la Municipalidad de Victoria. Luego Risso, tras pagar 72 mil pesos (valores mínimos debido a la liquidación de la deuda), emitió un comunicado informando que no tenía deudas con el municipio. En el mismo usaría la firma electrónica del Intendente y el sello real de la Municipalidad –según fuentes oficiales a las que accedió Paralelo 32– sin el consentimiento de Domingo Natalio Maiocco. Ese fue el punto inicial del conflicto.

Sin embargo, Eduardo Ruda, el asesor letrado de la Municipalidad, opina que la cifra abonada por Risso “es irrisoria”. Y añade: “(…) el expediente todavía está en etapa de análisis, ya que se han detectado graves inconsistencias entre su modo de vida (ingresos) y las declaraciones que ha realizado”.

Incluso el abogado Ruda, en oportunidad de ser consultado por nuestro medio, se indignó al mencionar que Risso, “nada menos que el viceintendente”, le pidió demostrar el servicio que la Municipalidad le prestaba en concepto de esta tasa, por lo que el asesor letrado mencionó el fallo Raffo para defender su postura. Éste determina que la tasa “es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley que consiste en el desarrollo de una actividad estatal (por ejemplo recolección  de residuos –N.R), que atañe al obligado y por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general”.

Cómo están hoy las cosas

Ha pasado más de un año desde aquel controvertido episodio que dinamitó el camino del vecinalismo dentro de las aspiraciones políticas de su máximo líder. Pero fiel a su estilo, Paralelo 32 también consultó a Risso sobre las implicancias que tiene hoy este pasado incidente.

Ante todo, el vecinalista enfatiza: “Que quede claro que nosotros vamos a intentar recuperar hasta el último peso a la Municipalidad”, dijo en referencia a los 72 mil pesos que tuvo que pagar por la mencionada tasa, pero también se puede tener en cuenta la dieta no percibida durante su sanción por ocho meses como presidente del Concejo Deliberante. Incluso, en relación a la tasa, agrega que también pretende cobrar el pago que correspondería al período anterior de agosto de 2015 “a través de una acción judicial”.

Asimismo, Risso consideró fuera de lugar las afirmaciones del abogado Ruda. Sobre lo anterior, dijo: “Nosotros nunca tuvimos ninguna determinación de deuda por parte de ATER ni de AFIP”, y definió que son “muy prolijos” respecto a su facturación.

—¿Maiocco estaba al tanto de la deuda de usted respecto de la tasa, o se enteró por la denuncia de Reggiardo?

—Yo lo había hablado con Ruda. Con Maiocco no me acuerdo, pero lo consulté a Ruda y me dijo que no me preocupara porque no correspondía. Otro que lo sabía era el secretario de Hacienda (que en ese momento era el contador Fabián Zorzábal, N.d.R.), pero la verdad es que no me acuerdo si se lo dije o no a Maiocco.

Sobre su relación con el intendente, el vice explica que ahora no está mejor que antes. A este respecto, señaló: “Que Maiocco se haga cargo de su parte, estuvo una semana sin decir nada de aquel comunicado. Al día siguiente que salió el comunicado hablé con Mingo y no me dijo nada, él lo sabe. Lo que sí me dijo fue: «Acordate que ahora van a atacar a Nilo Bruno porque es el tío de Verónica (pareja del intendente)».

¿Cuestión de dinero?

El asesor letrado pone sobre la mesa una constante que se repite en cada conflicto en el que se involucra a Risso: la plata. Tanto en lo que significó su deuda como en la demanda que interpuso a los concejales por su sanción, Ruda insiste en que la variable que se repite es la monetaria, porque “el tiempo es irrecuperable”.

Cuando consultamos al presidente del Concejo Deliberante sobre este punto, contestó: “No es la plata, es mi honor. Se trata de demostrarle al pueblo o no si el Concejo tuvo un abuso de autoridad para sancionarme. El dinero no me va ni me viene. ¡Ojalá el Superior Tribunal de Justicia determine que no me va a pagar los sueldos porque no los trabajé, pero que sí diga que estuve mal sancionado!”.

Cuando le repreguntamos si estaría dispuesto a donar a una institución benéfica el dinero recibido, en caso de obtener un fallo favorable con resarcimiento por los ocho meses no trabajados, tras hacer un breve silencio contestó: “Primero vamos a ver qué pasa, yo soy una persona pública y hubo un daño moral, quiero que se haga justicia”.

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