Ramírez- El ex intendente de la ciudad y ex senador provincial por el Departamento Diamante, Daniel Krämer, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en un juicio abreviado que se realizó en los tribunales de Paraná el lunes 14 de agosto y, en consecuencia, no irá a juicio y sólo pagará una multa. El dirigente peronista estaba acusado del delito de peculado, pero la fiscalía decidió modificar la caratula a la de “peculado imprudente” o malversación imprudente de fondos en una causa que se inició en 2005.

Por su parte, la tesorera Élida Baggio de Herbel acordó ser condenada por peculado doloso a la pena de dos años de prisión condicional y trabajos comunitarios. El juez Alejandro Grippo dará a conocer la sentencia el 24 de agosto.

 El dirigente peronista fue denunciado en 2005 por los concejales José Alberto Azcárate, Jorge Masutti y Mónica Brauer, del bloque de la Alianza Ramirense. Se lo acusó de haber cobrado un cheque de 8 mil pesos, que debía ser depositado en las cuentas municipales correspondientes a la tercera remesa de coparticipación de impuestos provinciales y nacionales. El cheque fue devuelto a las arcas municipales, pero el delito ya se había consumado.

En principio, tanto Krämer como Baggio de Herbel fueron imputados por el delito de peculado (usar recursos públicos en provecho propio) y, luego de años de proceso, la fiscalía decidió bajar la calificación para ambos: peculado doloso para Baggio; y peculado imprudente para Krämer, que tiene pena de multa.

El ex senador deberá pagar una suma de alrededor de 26 mil pesos, que representa a valores actuales el 60% de los 8 mil pesos sustraídos –y luego devueltos- en 2005.

La negociación entre la fiscal Carolina Castagno y los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik (por Krämer) y Luis Stello (por Baggio de Herbel) comenzó poco antes de que se iniciara el juicio oral y público fijado para la semana del 7 al 11 de agosto. Las audiencias se suspendieron a causa de esa negociación en curso.

Las razones de la fiscalía

La posibilidad del juicio abreviado fue evaluado por la fiscalía a la luz de que consideraban que no tenían certezas de conseguir una sentencia firme. Y, en caso de obtenerla, que sucesivas apelaciones prolonguen el proceso.

Fuentes judiciales indicaron en su momento que el Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta el antecedente “Miranda- Thamm”, que data de 2011 y en el que fueron juzgados por hechos de 2001 el ex secretario de Hacienda de Villaguay, Alfredo Thamm y el exintendente Oscar Miranda. El primero fue condenado por peculado y, en cambio, el ex jefe comunal fue absuelto porque la Justicia consideró que incurrió en el peculado imprudente porque su accionar facilitó el obrar delictivo de Thamm.

Krämer fue secretario de Acción Social de General Ramírez en 1999 y luego intendente desde 2003 a 2011. Entre 2011 y 2015 fue senador por el Departamento Diamante y ello le posibilitó tener fueros parlamentarios.

Por esa razón su expediente quedó paralizado hasta que perdió la inmunidad de legislador.

Preocupación de Cambiemos

El bloque de Diputados de Cambiemos se manifestó en contra de la utilización de la figura del juicio abreviado para resolver causas en la que estén involucrados funcionarios públicos. La expresión pública de la coalición de radicales y macristas se conoció el martes 15, cuando se realizó una nueva sesión de la Cámara de Diputados.

En un comunicado enviado a los medios, el bloque manifestó su preocupación por la “posible utilización de la figura del juicio abreviado para resolver causas que involucran a quienes han tenido altas responsabilidades públicas”.

Los legisladores opositores señalaron que entienden que esa figura legal es “un atajo burocrático que no permite echar luz sobre graves acusaciones de delitos en perjuicio de la administración pública y, de hecho, garantizar impunidad”.

El mensaje de los diputados opositores aludió al caso Krämer, quien horas antes había acordado con la fiscalía pagar una multa por el delito de peculado imprudente en la causa que se le abrió hace 12 años, cuando era intendente de General Ramírez.

Aludiendo al caso, los diputados de Cambiemos indicaron que: “No es posible que quien haya cometido un hecho ilícito (siendo intendente, percibir un cheque destinado al municipio y luego  devolver el importe al ser descubierto) pueda acordar una simple multa con el ministerio público fiscal por toda sanción a través del cambio de carátula”.

Dejaron en claro que están a favor de que las figuras con responsabilidades públicas imputadas de algún delito contra la administración pública sean llevadas a juicio: “La culminación de estos procesos en un juicio oral y público, siempre resguardando las garantías del debido proceso,  resulta del mayor interés, pues se trata de conductas ilícitas desplegadas por quienes han manejado los destinos y el patrimonio de la sociedad toda, sociedad que espera de la Justicia señales claras contra la corrupción, por lo que admitir la posibilidad de “negociar” una condena para convertirla en una pena irrisoria significaría un mensaje de debilidad para la República además de consagrar de hecho la impunidad”.

Los legisladores opositores consideraron que la negociación de una pena “aumentaría el descrédito del Poder Judicial y del Ministerio Público de la acusación, más allá de que luego puedan ponerse en marcha los mecanismos purificadores contemplados en la Sección VIII de la Constitución Provincial”.

A su vez, llamaron “a quienes tienen responsabilidades institucionales en la acusación y el juzgamiento a interpretar el instituto del juicio abreviado en un sentido compatible con los artículos 36 de la Constitución Nacional y 208 de la Constitución Provincial, normas que se hicieron eco del grave fenómeno de la corrupción administrativa que deslegitima al sistema democrático mismo. De lo que se trata es que la justicia juzgue, esclareciendo los hechos, sin que estos queden en la oscuridad de negociaciones que puedan ser sospechadas de írritas. El ojo de la ciudadanía, perjudicada por años de administraciones corruptas, está puesto sobre los jueces y fiscales”, concluyeron.

 

(Fuente: Entre Ríos Ahora)

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