El Informe Anual sobre las Drogas 2016 que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubicó a la Argentina como uno de los países que integran “las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína” hacia todo el mundo; además, las estadísticas de Naciones Unidas colocan a la Argentina, junto a España, como el país de mayor consumo de esta droga a escala global.

En ese marco, Córdoba se está transformando en un mercado estratégico de elaboración de clorhidrato de cocaína (pasta base + precursores). Ya era territorio de almacenamiento y tránsito de los flujos que se exportan hacia Europa, pero ahora, se expande también su perfil como plaza productora y consumidora. Por ende, da asiento a dos eslabones críticos de la cadena de este mega millonario negocio: el narcotráfico y el narcomenudeo.

“Por nuestra provincia cruzan dos tipos de cocaína: la de exportación, que es descargada por vía aérea en Santiago del Estero y de allí va hacia los puertos del Atlántico y el Pacifico; y la pasta base, que viene de Bolivia y es transformada en clorhidrato de cocaína”, explica el legislador por Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio.

La droga tiene a la Ruta Nacional 38 (unos 800 kilómetros de recorrido) como una de las principales vías de ingreso. Es la ruta que une al interior del país (departamentos Punilla y Cruz del Eje, en Córdoba) con el norte argentino, a través de su paso por las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán, trazado que se continua en Salta y desde allí hacia Bolivia. Según informes de la DEA, esta ruta neurálgica convirtió a Córdoba en un punto estratégico para el almacenamiento y tráfico de estupefacientes que se exportan tanto por el Pacífico (vía Ruta Nacional 60) como por el Atlántico (vía Ruta Nacional 9). “La provincia tiene sus rutas desguarnecidas al paso de la cocaína. Pueden usar cualquier ruta, incluso las de tierra paralelas a la Ruta Nacional 9 Norte”, señaló García Elorrio.

Con el tiempo, y la ausencia de una política nacional de combate a este crimen, el negocio no quedó sólo en la instancia del tránsito sino que fue migrando hacia la manufactura a partir de pasta base. Con esta fase se potenció –casi necesariamente– el consumo doméstico y con ello el llamado narcomenudeo.

De unas 300 cocinas de cocaína que la Asociación Antidroga de la República Argentina (AARA) estima existen en el país, alrededor de un 25% (unas 75) funcionan en Córdoba.

¿De qué se trata concretamente estos laboratorios?

Muy lejos de las sofisticadas realidades presentadas por la ficción Breaking Bad, las cocinas de cocaína locales son rudimentarios espacios montados en casas de familia donde se aplican dos sistemas de corte a partir de la pasta base traficada desde el norte: uno es el que permite obtener cocaína genérica (lleva éter, acetona y lactosa) y el otro, produce una cocaína de mayor pureza denominada “alita de mosca” (no es en polvo sino en escamas transparentes, que se refina con el agregado de fenacetina, lo cual le da un aspecto de brillo nacarado). Además, como en todo mercado consumidor que va madurando, comenzó a aparecer de modo incipiente el subproducto de menor calidad y efectos letales –el paco– elaborado con residuos de cocaína y procesado con ácido sulfúrico y querosene.

Volumen de negocios. 

Este portafolio de productos del complejo cocaína genera un volumen de negocios de algo más de $5.000 millones anuales (US$312,5 millones).

El monto se aproxima a los estudios de campo elaborados por el equipo de trabajo de Encuentro Vecinal Córdoba. “Tomando como base el dinero secuestrado en kioscos, puede proyectarse  que el Gran Córdoba genera un negocio diario de aproximadamente $13 millones o algo así como $400 millones al mes”, aseguran los especialistas de esta bancada. “El Gran Córdoba tiene unos 1.000 kioscos que son abastecidos por 30 o 35 distribuidores perfectamente identificados, que compran pasta base y la hacen cocinar. Estos distribuidores-proveedores gozan desde hace años de alguna protección, sino no se explica tanta impunidad”, señala García Elorrio.

Para quienes por primera vez toman contacto con esta realidad, las cifras posiblemente pudieran impactarles por sus grandes dimensiones, pero para quienes están familiarizados con la realidad del narcotráfico, estos números seguramente decepcionarán por austeros.

Al ser una aproximación conservadora (promedio entre máximos y mínimos relevados) al complejo cocaína, hay que advertir que los cálculos sólo contemplan las ventas de consumo doméstico (narcomenudeo) y los pedidos de manufactura que narcotraficantes solicitan a cocinadores locales. No consideran montos que se negocian directamente en la línea del narcotráfico (es decir, cocaína que pasa por la provincia rumbo a mercados de exportación). Además, estas cifras no toman en cuenta el interior provincial. Y también es preciso advertir: estas estimaciones dejan por fuera lo que se mueve por consumo de marihuana, drogas sintéticas y psicofármacos.

Impacto en la economía

A efectos de tomar una real dimensión de lo que hablamos, podemos referenciar que el volumen anual por venta de cocaína se equipara a 1,7% del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la provincia; es un monto que supera en $2.000 millones el Gasto Social total que realizó en 2015 el último gobierno de José Manuel De la Sota y es similar al que anunció este año la Administración del gobernador  Juan Schiaretti. Se trata de volúmenes que comienzan a tomar entidad en la economía, sobre todo si se los leen en contexto: este flujo de dinero se genera en una economía que tiene un 12% de desempleados y 618.000 personas (entre pobres e indigentes) con dificultades para cubrir la canasta básica y con limitado acceso a bienes sociales (salud, educación, vivienda, infraestructura básica).

El punto aquí no es la vinculación del narcotráfico con la pobreza desde un prejuicio ético-moral, sino lisa y llanamente por qué el negocio narco se abre como una opción de ingresos para segmentos de la sociedad vulnerables o sin empleo estable que, aún en el marco de la asistencia social que reciben, devienen en actores decisivos de las estructuras delictivas que los contienen y que, aparentemente, solucionan sus economías.  (“Los que manejan la droga nos prestan sus autos para salir con la novia, pagan las fiestas de 15, ayudan con las mejoras de las casas y hasta arreglan algunas calles”, se escucha decir a vecinos de las barriadas más involucradas en el negocio, que incluye a Maldonado, Müller, Renacimiento, Bajada San José, Colonia Lola, Villa Inés y Campo de la Ribera, entre otros).

“En Córdoba, la cocina está siendo asumida por unidades familiares”, explicó al diario Perfil Córdoba una integrante de una ONG que trabaja en los barrios más calientes del narco, tratando de rescatar a niños y adolescentes de la trama de la venta y el consumo. “Si la familia dispone de espacio lo hace en su casa, sino alquila por tres horas un espacio a otra casa y por eso se paga hasta $1.200”.

Esta última modalidad también se ha extendido para evitar ser detectados por los patrullajes, cada vez más intensos, que hace la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), con la ayuda de las denuncias de los vecinos. A veces, los “soldaditos” reciben paga, pero otras veces son los propios integrantes más pequeños de la familia los encargados de actuar como “señuelos” en el ingreso de las viviendas, para marcarlas como lugares de venta.

Pero aquí hay algo relevante a tomar en cuenta: así como el negocio narco es en una caja rentable para quienes se integran a la cadena “cocina-delivery al menudeo”, también es una fuente millonaria de ingresos para las cadenas superiores del narcotráfico (los encargados de logística entre los carteles de origen y los que se enfocan en la distribución a gran escala); para las estructuras políticas, policiales, judiciales y burocráticas que habilitan, controlan y facilitan el tránsito y el desarrollo del negocio y, asimismo, para las empresas que comienzan a ser las bases legales por donde se lavan las ganancias que produce esta industria.

Por ello, es importante empezar a instalar en Córdoba la agenda del narcotráfico como un fenómeno económico-criminal integral, que no se limita a lo que ocurre en barrios periféricos y no se detiene en las cabezas de las familias que controlan la producción local. Si se pretende una mirada real del tema, hay que reconocer que se enfrenta un monstruo de mil cabezas, que tiene muchos empleados muy bien pagos, pero también un “board” sofisticado y poderoso.

El profesor Edgardo Buscaglia (Investigador Principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, autor del libro ‘Lavado de dinero y corrupción política’ y experto en el análisis del fenómeno económico ligado al narcotráfico) lo explica claramente: “Cuando en España se detiene a una ‘mula’ que está transportando cocaína en su cuerpo desde Buenos Aires a Madrid, los fiscales de la Audiencia Nacional investigan todas las ramificaciones de la empresa que estaba utilizando a esa persona para el transporte. No se investiga o se reprime, como en la Argentina, sólo a la ‘franquicia’, a los pibes, a los ‘soldaditos’ que están vendiendo y comprando drogas al menudeo. Esas son franquicias y lo que hay que desmantelar son los directorios. Sino, es como tratar de controlar las transacciones ilegales de un banco deteniendo a los cajeros”.

 

Fuente: Diario Perfil

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