El ex vicegobernador de Entre Ríos, Héctor Alanís, deberá presentarse el jueves ante la Justicia, en el marco del juicio oral que se inicia en su contra por un millonario desvío de fondos públicos, que involucra además a otras tres personas, una de las cuales ya admitió su culpabilidad, y accedió a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.

La causa, que se reactiva tras diecisiete años, tiene como imputado al peronista Alanis por el desvío de fondos públicos cuando presidía el Senado provincial en Entre Ríos, entre 1995 y 1999; y también involucra a su sobrino Maximiliano Alanís, al ex director administrativo José Crettón Pereyra y el ex senador radical Humberto Ré.

El sobrino del ex vicegobernador acordó una pena con el Ministerio Público Fiscal, mientras que Crettón Pereyra evalúa esa posibilidad, por lo que sólo se presentarán a declarar el ex vicegobernador y Ré.

El inicio del juicio oral había sido fijado para la segunda mitad de octubre próximo, pero el tribunal formado por los jueces Ricardo Bonazzola, Humberto Franchi y Mariela Garbarino, sin petición de las partes, resolvió modificar de oficio ese cronograma.

Alanís fue acusado en diciembre de 2000 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por la presunta “sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos”, por unos 5,9 millones de pesos o dólares en 1999.

Según la denuncia, los fondos provenían de dos programas presupuestarios separados, uno a cargo de Crettón Pereyra, y otro que era responsabilidad de Maximiliano Alanis, sobrino del ex vicegobernador, también imputado en esta causa.

La FIA advirtió por entonces otro manejo irregular, en este caso era de 5,2 millones de pesos o dólares que les fueron transferidos por la Tesorería General de la provincia para el pago de Servicios No Personales, pero que fue utilizados para el pago de contratos de personal.

Sin embargo, esos pagos no pudieron justificarse y tampoco fue posible hallar a los titulares de los contratos, lo que impedía “establecer los importes correspondientes a cada uno”, según la ex fiscalía provincial FIA.

“La denuncia, que primeramente apuntó a una cifra de 11 millones de pesos/dólares, se acrecentó, llegándose a hablar de una cifra próxima a los 20 millones de pesos/dólares”, según esa denuncia de la Fiscalía, que interpretó que el modus operandi de los funcionarios suponía un uso discrecional de “fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18, para el pago de personal temporario, sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran”.

La jueza Marina Barbagelata dictó también el procesamiento de los imputados bajo la figura del delito de peculado, pero la Cámara Primera en lo Penal de Paraná (integrada por Elvio Garzón, Hugo Perotti y Miguel Giorgio) dispuso el sobreseimiento.

El caso llegó a la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que revocó el sobreseimiento dictado por el tribunal de alzada, lo que dio paso al inicio del juicio oral que, según el nuevo cronograma, comenzará este jueves y se extenderá hasta el 21 de marzo.

 

(Fuente: RecintoNet)

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