La imputación por abuso de menores al padre Juan Diego Escobar Gabiria, de la Parroquia de Lucas Gonzalez, sigue generando derivaciones. En el inicio de la causa contra el clérigo intervinieron también dos monjas y la madre de un menor, actuó la fiscalía de Nogoyá y le dictaron la prisión preventiva por 20 días. La primera etapa la cumplió en la Unidad Penal de Victoria y en el marco de una apelación fue derivado a un centro religioso en forma detención  domiciliaria en Oro Verde Paraná.

Hasta ahora solamente fuimos informados a través de distintos medios que reflejaron los pasos de la causa, pero Paralelo 32 entrevistó al Dr. Milton Urrutia, defensor de Escobar Gaviria, quien hizo severas acusaciones  con respecto a los procedimientos, cuestionó la veracidad de algunas versiones periodísticas, declaraciones de los fiscales, y a los responsables de preservar la intimidad de los menores. También descalificó el procedimiento y seriedad de lo que se anunció como Cámara Gessel.

El profesional sostuvo que hay una clara persecución contra la figura del padre, que se hace extensiva a la Iglesia Católica. Agregó que hay antecedentes sobre este tema reflejados en la actuación que les cupo a los fiscales de Nogoya en el caso de la denuncia por mal trato y torturas en el Convento de las Carmelitas Descalzas.

Después que dictaron la prisión preventiva al cura y fuera derivada a la Unidad Penal de nuestra ciudad, el defensor presentó ante el Juzgado de Gualeguaychú  una apelación para que mientras se sustancie el  procedimiento sea asumido por el acusado  en libertad. Explicó que el Vocal Arturo Dumón –integrante del mencionado tribunal-, decretó la “la libertad inmediata con algunas restricciones que no representaba un arresto domiciliario, por lo cual fue derivado a la casa del Padre Lami en Oro Verde”, donde fijó domicilio el pasado jueves.

A opinión del profesional, se ha violado lo dispuesto por  el Código Procesal Penal  (Art. 230)(*)  “es inadmisible que un medio de comunicación este manejando información relacionada a menores  a través de la fiscalía. Están pasando datos a este medio que son los únicos que la tienen y podemos leer declaraciones de los funcionaros judiciales que no las pueden hacer”. “Vamos a presentar una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia  contra los dos fiscales, Molina y Uriburu, por violaciones de los derechos humanos especialmente de niños”. “Han mancillado el buen nombre y honor del chico identificándolo”. A su criterio, violaron lo dispuestos en varias leyes entre ellas la N° 26061- Art.20  ”Protección  Integral de los derechos de niños y niñas”,  N°9861 provincial y la Convención Internacional referida a minoridad.

Según la información, la causa se inició en base a una denuncia realizada por dos monjas. Al respecto Urrutia sostuvo que esto no es así, “anoticiaron sobre un supuesto hecho y no como se las quiso involucrar que habían denunciado varios hechos”. Agregó el abogado que los fiscales siguen haciendo referencia a varios episodios y planteó que –dentro de la causa- expliquen a cuántos abusos hacen referencia. “Esto es mentira, solo existe una sospecha relacionada a un solo caso”.

Con relación  a las declaraciones de la madre del menor, solicitó la intervención del COPNAF para que actúe porque “está haciendo uso y abuso del chico exponiendo su situación en los medios”. Sostiene que “una madre que ama a su hijo está cosificando al menor, no puede ser un objeto, en el supuesto caso que se haya cometido un abuso no puede estar declarando el hecho a los cuatro vientos”.

Causa armada

A criterio de Urrutia es una causa armada por los fiscales en base a una falsa denuncia de abuso, “están realizando una persecución a la iglesia, están actuando con mucha liviandad y  hablando de los hechos con los medios, contando detalles sobre cómo van las actuaciones”.

Con respecto al traslado del padre Juan Diego a Oro Verde, explicó que también  dieron detalles a la prensa sobre el lugar donde se alojaría, provocando un caos en una ciudad tranquila. Al darse a conocer dónde se aloja el Sacerdote, se produjo la llegada de mucha gente fiel al cura (conocido como sanador) para que los auxilie provocando un escenario que no era el mejor. La idea, según Urrutia,  era derivar al clérigo a un lugar tranquilo, tomarse todos los días en silencio,  sigilo  y colaborar con todo lo que solicite la justicia. Tras darse a conocer el lugar no solo se aglomeraron allí los medios de prensa sino que vehículos de transporte de numerosos orígenes arribaron con personas enfermas en busca de ayuda. “La alarma social que se generó  como dicen,  no es responsabilidad del acusado. Están persiguiendo a la Iglesia y la gente se está dando cuenta cómo actúan”.

“El padre no tiene arresto domiciliario y desde Nogoya la justicia envió una comisión policial para verificar el domicilio de Escobar Gaviria, cuando en realidad se podía hacer la misma constatación con efectivos de Oro Verde”. Señala que es extraño que se haga el gasto y la ocupación de personal para verificar algo que puede hacer, y le corresponde, personal de la comisaría del lugar. Reiteró que el padre tiene libertad y puede estar en otro lugar.

Cómo sigue

El jueves declaraba la hermana, una maestra y la superiora del colegio con estos testimonios finaliza esta etapa. “Es una medida desproporcionada dictar prisión preventiva por 20 días”, se quejó, y agregó que también le cabría esta medida para cualquier persona que comete un supuesto delito.

Un dato revelador para Urrutia es que la Santa Sede del Vaticano se haya expedido contra el atropello cometido por estos mismos funcionarios judiciales contra el convento de las Carmelitas Descalzas, pidiendo al Estado argentino que  intervenga en un procedimiento que consideran un abuso. “Esto es gravísimo”, remarcó.

La Defensa presentará un pedido formal para  que los fiscales se abstengan de hacer declaraciones al periodismo, fijar domicilio  del padre Escobar Gaviria, que se imponga una grave multa al ministerio público fiscal (por brindar datos de una caso que involucra a un menor) y que se cursen las denuncias ante el  Superior Tribunal por la actuación desordenada e irregular del procedimiento. “Pido por este medio al Procurador General de la provincia, Dr. Amilcar García, que sé de su calidad humana, que llame la atención a estos dos subordinados (Fiscales de Nogoya) que dependen de su área”.

Con respecto a la causa de fondo esperan la producción de las pruebas; la Defensa no ha presentado ninguna porque considera que el padre es inocente, remarcó.

El defensor hizo pública a través de nuestro medio otra grave denuncia al afirmar que “hicieron una cámara Gesell (**) en la más absoluta ilegalidad, con una persona  que no estaba preparada para entrevistar niños y se realizó en un lugar que no corresponde. Al resultado lo obtuvieron en una hora. Es imposible que hayan podido descubrir sintomatología de abuso en tan corto tiempo”. Profesionalmente Urutia se define como un especialista en minoridad porque hace más de  10 que se dedica a tomar casos contemplados en el  Derecho de Familia especialmente.

La denuncia

Escobar Gaviria está imputado en una causa que investiga el abuso de un nene de 11 años que era monaguillo en la Parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, adonde el cura fue párroco desde 2005, y hasta el jueves 27 de octubre último, cuando fue suspendido por decisión del arzobispo Juan Alberto Puiggari. Dos religiosas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros, ubicado junto al templo, pidieron que se investigue cuánto hay de verdad en el hecho.

El 31 de octubre, la curia dio a conocer un comunicado en el que informó que “apenas se conocieron dichas versiones, el pasado 27 de octubre, el arzobispo dio indicaciones para que den inicio las investigaciones preliminares, según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1717, reguladas por las normas de Gravioribus Delictis (delitos muy graves)”.

Más víctimas

En su edición de esta semana, el Semanario Análisis avanza más sobre el caso. Asegura que los “abusados por el cura Juan Diego Escobar Gaviria, son varios y de diferentes generaciones. Quizás más de lo pensado, porque prácticamente desde que llegó a Lucas González -hace ya once años-, el sacerdote sanador colombiano no ha dejado de cometer abusos a niños y adolescentes”. El medio paranaense respalda esta temeraria acusación pública en constataciones propias, “tras una recorrida por diferentes lugares, hablando con familiares directos y hasta con algunas víctimas que en la actualidad tienen más de 18 años”.

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