Nogoyá.- Los rumores suscitados días pasados sobre la presencia de Gendarmería Nacional en campos cercanos a Nogoyá, fueron confirmados y en los primeros días de febrero podría iniciar la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.

Así, según informó Página Judicial, se realizó un allanamiento ordenado por el juez Federal Leandro Ríos en una estancia en la localidad de Betbeder, perteneciente a una familia tradicional de Nogoyá. Un testigo refirió que allí se hacían prácticas militares y que se arrojaban personas en un tajamar. Después de la feria podría convocarse al Equipo Argentino de Antropología Forense.

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, realizó un allanamiento en una estancia en la localidad de Betbeder, a unos 15 kilómetros de Nogoyá, a raíz de la versión de una persona que sostiene que en ese lugar se habrían hecho enterramientos clandestinos, durante la última dictadura.

El procedimiento se concretó el 14 de diciembre en la estancia El Chañar, perteneciente a la familia de Rafael Antonio Crespo, un empresario que se dedicaba a los negocios agropecuarios, fallecido en 2005. Según se pudo reconstruir, con los años, el extenso campo ha sido dividido –lo que hasta motivó incluso un litigio en los tribunales–: un sector conserva el nombre de El Chañar y otro tramo se llama Don Rafael. En uno de ellos vive la segunda esposa de Crespo con dos hijas; mientras que el otro es administrado por una sociedad que integran la primera esposa y otros cuatro hijos de Crespo.

La inspección judicial estuvo encabezada por el juez Ríos, el secretario Juan Rosas Paz y el fiscal Carlos García Escalada, acompañados por efectivos de Gendarmería. También participó el testigo –un hombre de 47 años– e integrantes del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desde la mañana se realizó una recorrida por el campo, junto con el testigo, entre pastizales y chilcas; también se trazó un croquis y se señalaron algunos lugares específicos.

En la declaración que había brindado el testigo unas semanas antes en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, y antes a profesionales del Registro Único de la Verdad, dijo que entre 1977 y 1979 aproximadamente, Crespo prestaba el campo a las departamentales de Nogoyá y Victoria de la policía y al regimiento de Rosario del Tala, para que se hicieran instrucciones y prácticas de tiro, y también se refirió a un tajamar en particular, de varios que había en esa época en el predio.

Mencionó además que cerca de la laguna había una casilla en la que pudo haber detenidos ilegales que fueran sometidos a sesiones de tortura, dijo que en el tajamar se hacían actividades recreativas y que allí habrían sido arrojados cuerpos de personas desaparecidas, según sus recuerdos y lo que le habrían contado sus padres, que vivían en el campo y trabajaban para Crespo.

A partir de esos datos, el magistrado también había convocado a buzos tácticos de la policía de Entre Ríos para que hicieran una primera expedición en el tajamar señalado por el hombre. Pero lo que supo ser una laguna, estaba completamente seco.

A pesar de la cautela con que se manejó el procedimiento, la presencia de fuerzas de seguridad no pasó inadvertida para los pobladores de Betbeder, la pequeña localidad asentada sobre los bordes de las vías del ferrocarril donde está emplazada la estancia. La historia cuenta que en sus inicios, allá por 1912, cuando se asentaron los primeros colonos en lo que se llamaba Villa Matilde, vivían en esa zona alrededor de mil hacheros que se dedicaban al desmonte de algarrobo y ñandubay, que se utilizaban para abastecer a las viejas locomotoras que paraban en la estación, y que los obreros se ocupaban de talar los montes que rodeaban a la estancia El Chañar.

La familia tiene un arraigo de muchas décadas en Betbeder. Rafael Antonio Crespo había nacido en Capital Federal, pero vivía en el campo; era hijo único de un militar de quien heredó el nombre y la tradición castrense; si bien no hizo carrera en el Ejército, era simpatizante de la dictadura e incluso en esa época era común verlo vestido de uniforme, de acuerdo a los dichos de conocidos.

Lo cierto es que tras la inspección en el campo, el juez Ríos citó a declarar a otras personas que terminaron por robustecer el testimonio que dio inicio a las actuaciones judiciales. Hace unos días declaró una persona que trabajó por más de diez años como administrador en la estancia. Fuentes consultadas señalaron que el hombre, en realidad, trabajaba para María Luisa Bollini, la madre de Crespo, y que en su declaración ratificó que policías y militares realizaban prácticas en la estancia; pero negó la presencia de presos políticos y que se hubieran producido enterramientos clandestinos.

La investigación continuará tras la feria judicial y no se descarta que se convoque al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realice estudios sobre el terreno a fin de determinar la posibilidad de que allí se hubieran producido enterramientos clandestinos durante la dictadura.

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