Hace un año, el 10 de diciembre de 2015, asumía la gobernación de Entre Ríos, el contador Gustavo Eduardo Bordet. Venía de Concordia, donde estuvo ocho años lidiando contra las estadísticas que ubicaban a su ciudad como la peor de todas. Y no le fue mal. Antes había sido ministro de Salud de Jorge Busti, con quien se volvió a encontrar hace algunos días en el mismo despacho que su contertulio ocupó durante tres períodos.

Nuevos tiempos

En este año, Bordet trató de realizar un cambio de estilos en la gestión de gobierno, a tono con los modos nacionales. Desde un comienzo, no fue la política sino la meteorología, quien le quitó respiros a su gestión. Las inundaciones y lluvias que desde diciembre hasta abril impactaron en nuestra geografía, desnudaron los problemas de infraestructura que están pendientes desde siempre en una provincia (y un país), que hace mucho tiempo está en construcción a mitad de obra. Con el apoyo del gobierno nacional de Mauricio Macri y su ministro del Interior ‘y Entre Ríos’, Rogelio Frigerio, el gobernador fue lidiando con los obstáculos.

El gobernador demuestra también en la gestión provincial sus altos dotes de piloto de tormentas, con una serenidad que conmueve y la sencillez de un vecino común que trabaja y no desespera. No lo sedujo la megalomanía que transformó varios de sus antecesores, sus pies siguen firmes en la tierra.

Ajustar sin despidos

Desde un comienzo, se sabía que quien sucediera a Cristina Fernández iba a iniciar un plan de ajuste para sostener el capitalismo argentino. Y Macri lo inició. La novedad es que, además, busca la restauración de un orden conservador en lo político, postmoderno en lo cultural, liberal en lo económico, modelo en entredicho a un año de gestación y gestión.

Bordet desarrolló la premisa de encauzar las cuentas provinciales sin apelar al ajuste. No se tocarían puestos de trabajo, a pesar de los nombramientos abusivos de su compañero y predecesor, Sergio Urribarri, Tampoco se tocaría la Caja de Jubilaciones. Y se iba a tratar de sobrevivir con nuevo endeudamiento, que al cierre de esta edición está todavía pendiente de obtención en los mercados internacionales.

La herencia es catastrófica pero el gobernador no puede señalar hacia atrás, donde se halla Urribarri, mentor de su candidatura como gobernador. La Provincia tiene un agujero mensual de 400 millones de pesos. Neto. Y para ir tirando este y el próximo año, necesita dos créditos internacionales de 250 millones de dólares cada uno. Claro que una cosa eran los créditos internacionales antes de la era Trump y otra serán a partir de ahora. Al nuevo presidente de Estados Unidos lo votaron para restaurar el ‘sueño americano’. Trump amenaza con aumentos de tasas de interés, tratando de repatriar hacia Norteamérica todos los dólares productivos y especulativos que dan vueltas por el mundo, para cubrir el gigantesco agujero financiero que generan los mitos oníricos de la gran potencia.

Lucha contra la corrupción

Bordet heredó también de su compañero Urribarri un marco político-cultural de casi anomia en el Estado. Fueron llegando los casos con los titulares de los medios: Hugo Righelato cayó de su eterno puesto en Obras Sanitarias donde había armado un harén de empresas propias contratistas de OSER. Martín Fernández renunció antes que lo echen del Instituto del Seguro, donde supo encontrarle la vuelta al crecimiento patrimonial por encimas del salario mensual. Hay funcionarios y familiares del ex gobernador desfilando por tribunales por otras causas.

En Vialidad, la llegada de la ingeniera Alicia Benítez busca resolver un problema mayúsculo en un lugar donde desde el sindicato se hicieron y deshicieron muchas cosas, para mayor bronca de los productores rurales que no ven una DPV al servicio de los caminos de la producción.

Para colmo, la movida política contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, salpica a todo el pleno del máximo órgano judicial de la provincia. Las ausencias, los viajes y los viáticos del vocal fueron la norma del cuerpo hasta ahora, junto con los sobresueldos a partir de gastos reservados. Entonces, ¿por qué el juicio político a un impenitente si todos son pecadores?

Obras

La provincia invirtió este año 850 millones de pesos en obra pública con fondos propios. Lo dicen los informes de prensa oficiales. ¿Es mucho o es poco 850 millones? Es poco más del uno por ciento de los 53 mil millones de pesos que gastará el Estado entrerriano en 2016.

Para el comienzo de 2017 se trazó un plan de verano junto con el Consejo General de Educación para realizar mejoras en la infraestructura escolar, para dejar en condiciones las escuelas hacia el reinicio de las clases.

Y también se revisarán los caminos secundarios. Feltes aseguró que en varios casos habrá que revisar su categorización. “Necesitamos dar una mirada dentro del territorio porque hay que ver los caminos terciarios o secundarios y analizar si no deben pasar a ser caminos principales. Estos caminos, con la producción que tiene Entre Ríos, hay que darles otro tipo de tratamiento y son otros los costos que la provincia debe asumir. A fin de año, el gobernador tendrá el relevamiento total de cómo está hoy el territorio para la toma de decisiones de 2017”, dijo la titular de Vialidad.

De la crisis a la anomia

La permanente coyuntura política divide la gestión de los Ejecutivos (desde la Nación hasta los municipios, pasando por las Provincias) en: año de inicio acomodando la gestión y acomodándose con la herencia recibida, año electoral, año de transición, año electoral. Hay un acelere permanente de lo coyuntural en pos de ganar elecciones, que es malo para encarar los problemas de fondo.

Argentina y Entre Ríos, a partir de una acumulación de conflictos mal resueltos y crisis previsibles no previstas, fue adentrándose en el universo de la corrupción, una forma de zafar por acumulación ilícita. También se asomó con vértigo al precipicio de la anomia, mecanismo para resolver las crisis bailoteándoles por el costado. Bordet, en ese marco, ha buscado durante este primer año bajar la conflictividad, destrabar las crisis, hacer retroceder la corrupción limpiando algunos establos de la hacienda gubernamental, y de paso espabilarse un poco de la anomia. Lo encaró trabajando con el mismo partido peronista que existía hasta 2015, menos algunos en alcaidía o en Tribunales. Es mucho trabajo, requiere bastante suerte y no se pueden esperar milagros.

 

¿Qué pasa con Sidecreer?

El gobierno llamó a licitación para capitalizar la tarjeta Sidecreer, Sistema de Crédito de Entre Ríos S.A. La convocatoria se conoció por los medios nacionales y se conformará un Consorcio de Cooperación. La apertura de propuestas será el 20 de diciembre. El llamado dice que se seleccionará una entidad “en pos de desarrollar e incrementar operaciones relacionadas a la actividad económica de la licitante, y con ello mejorar y acrecentar sus resultados”. El valor del pliego asciende a cien mil pesos, el dinero que necesita la firma rondaría los 150 millones.

Así, el gobierno confirmó la capitalización rumoreada en semanas previas. A mediados de noviembre, Juan Domingo Orabona,  presidente del Instituto del Seguro, accionista principal de Sidecreer, reconoció que para salir del déficit era necesario capitalizar la tarjeta con inversores privados.

¿Cómo pudo llegar a esta situación Sidecreer? ¿Cuánto tuvieron que ver los negocios privados, que nada tenían que hacer allí, al parecer de un empresario proveedor del Estado que hasta un tiempo atrás fue propietario de El Diario, de Paraná?

El comunicado de Cambiemos

Desde la oposición pidieron al Ejecutivo que el caso Sidecreer pase por la Legislatura. “No se entiende como una tarjeta de crédito pueda estar deficitaria; es evidente que hubo malos manejos administrativos y se habla, incluso, de ‘tarjetas mellizas’”, comentó a Paralelo 32 el diputado Esteban Vitor en visita a nuestra redacción el 22 de noviembre.

En un comunicado, el bloque de Cambiemos dijo esta semana que desplegarán todo lo que esté a su alcance para evitar la ‘entrega’ de la empresa; acusan a Urribarri y responsabilizan también a Bordet.  “Fundieron Sidecreer. Los usureros no deben quedarse con ella”, dice el pronunciamiento del bloque opositor. Lo de los usureros hace referencia a una operatoria que estableció Sidecreer con financieras privadas que otorgan créditos a empleados estatales y se cobran la cuota desde la tarjeta.

La verdad según Canosa

En ese punto, el ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, salió a decir su verdad. Primero, que él no dejó fundida la empresa y se remite a su informe final de gestión. “Cuando Cambiemos habla de 150 millones de deuda, me parece que no entendieron lo que quiso decir el presidente del Instituto del Seguro. Orabona dice que para hacer un proyecto nuevo, se requerirían 150 millones más, hasta 250 máximo, pero no habla que es un deuda de Sidecreer”. Pero reconoció que hay problemas financieros.

Para Canosa el desfinanciamiento vino “por el atraso de Nación en la acreditación de tarjetas sociales y comedores, porque es un monto millonario mensual”.

Sobre los acuerdos con financieras privadas, aclaró que estaban “desde antes que yo asuma”, y le sirvieron al empleado público que “en muchos casos no tenía acceso a los bancos”. Puntualizó que si a todos los comercios se les cobra el 3%, en su gestión las mutuales pagaron un 4%; y no cobraban a los 28 días como cualquier empresa adherida, sino a los 75 días. “Es decir, la operatoria de las mutuales no desfinanció a la empresa, porque están calzadas con el pago de Gobierno”, subrayó Canosa.

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