Bema Agri: Compromiso de no realizar agricultura intensiva en su isla
Victoria.- La firma Bema Agri, de capitales holandeses, se presentó ante la municipalidad para allanarse a lo dispuesto por el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, que en mayo del corriente año determinó que la Municipalidad de Victoria es competente para impedir la agricultura en islas.
El caso se remonta a julio del 2008 cuando la mencionada empresa había sembrado soja, y realizado movimientos de tierra en la isla Irupé sobre el Arroyo Los Laureles en tierras privadas ubicadas dentro del ejido de Victoria (ver El Caso). A la justicia le llevó diez años resolver el tema y mientras tanto Bema Agri siguió explotando el suelo en un área protegida.
El asesor letrado de la Municipalidad, Dr. Eduardo Ruda, explicó a nuestro medio que se trata de una empresa familiar y confirmó que había recibido al hijo del titular de la firma, que está radicado en la zona de Villa Constitución (SF), acompañado del apoderado Dr. Oscar Firpo.
El objetivo de los titulares de la isla fue el de recomponer la relación con el municipio y allanarse a las disposiciones vigentes, comprometiéndose a no realizar agricultura intensiva y destinar el predio a la explotación ganadera e inversiones en turismo. Señaló Ruda que a la propuesta la hicieron en forma verbal, pero representa el inicio de las relaciones entre un privado y el Estado para que encuadrar las explotaciones dentro de las disposiciones vigentes.
Por otra parte plantearon la necesidad de mantener las instalaciones, entre ellas un galpón que destinarían a acopio de forraje, una casa para el personal y un puerto.
“Todo esto lo tendremos que estudiar cuando presenten la propuesta en forma concreta, porque tendrán que ser evaluadas por las áreas correspondientes”. Agregó que también interviene la provincia, por lo cual dieron cuenta de esta situación al Fiscal de Estado y en los próximos días se llevará a cabo una reunión con autoridades provinciales, para evaluar si todo esto se encuadra legalmente.
Los inversores transmitieron que no les interesa tener un campo de isla sin generar actividad porque es antieconómico, le manifestaron que efectivamente quieren invertir en los proyectos de producción ganadera y turismo.
Obviamente tendrán que hacer las inscripciones correspondientes y hacer las presentaciones ante la municipalidad con el detalle de lo que llevarán a cabo. Agregó Ruda –en declaraciones a Paralelo 32– que hay tres aspectos a tener en cuenta, en principio la Nación, que cuenta con una legislación para la protección de humedales, la provincia con disposiciones similares y la comuna, que tiene jurisdicción sobre esos terrenos. También quedan pendientes gastos, especialmente de honorarios de abogados, que se deben cumplimentar.
Finalmente el funcionario comentó que antes de producirse esta reunión, habían presentado ante la Cámara Contencioso Administrativa -que dio la razón al municipio de Victoria- una medida cautelar para que no se siga construyendo en el lugar. El tribunal respondió que no era necesario porque el Estado municipal tiene potestad para impedir o tomar decisiones en base a las ordenanzas vigentes y a lo que establece la Ley de Municipio 10.027. “Esto es muy importante porque queda expresamente autorizado el Poder Ejecutivo a tomar decisiones en casos similares, en base a esta determinación judicial”.
El caso
El tema se remonta al año 2011 cuando funcionarios del Puerto de Fiscalización recibieron la información de que en la firma Bema Agri de capitales holandeses había construido un dique en campos de islas de nuestro departamento, en la zona de la isla Irupé, sobre el Arroyo Los Laureles. Desde el año 2008 venían realizando prácticas prohibidas, construyeron terraplenes, implantaron soja y maíz e inclusive tenían toda la infraestructura con máquinas, galpones y silos.
Ante esta realidad, la Asesoría Letrada por entonces a cargo del Dr. Héctor Marchese, ordenó la inmediata detención de las prácticas agrícolas y los movimientos de tierra porque no estaban autorizados. Como contrapartida la firma hizo una presentación judicial desconociendo la potestad del municipio para tomar esta decisión, rechazando lo dispuesto por el Asesor Letrado. El tema tuvo varios pasos, con las apelaciones que permiten ganar tiempo, hasta que la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná le dio la razón al municipio cerrando el caso.