José Angel Allende tendrá que presentarse el próximo jueves 23 de febrero a una instancia indagatoria, en la causa iniciada a raíz de publicaciones de la revista Analisis, en marzo de 2012. Este viernes 10, sus familiares directos deberán ir a Tribunales para designar abogados defensores, en la misma causa, imputados como “cómplice necesario” en los delitos de corrupción del actual legislador del Frente para la Victoria.

Existiría luego la posibilidad de un juicio abreviado -tal como lo viene trabajando el abogado del acusado, Marcos Rodríguez Allende-, con reconocimiento de culpabilidad, prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, renuncia a la banca y entrega de parte del patrimonio al Estado.

Mientras tanto, Allende inició su trámite jubilatorio, pese a que recién cumplió 60 años. El expediente tiene fecha 26 de diciembre, según figura en la base de datos de la Caja de Jubilaciones. Si bien Allende cumplió 60 años el pasado 29 de enero, tiene 38 años de servicio, con actividad laboral en Neuquén, Santa Fe y Entre Ríos. Al pasar los 30 años de aportes, el organismo lo puede compensar y así calzar su jubilación, pese a que no cumplió aún los 62. Queda muy claro que el diputado renunciará a su banca, y desde mayo podrá contar con su jubilación ordinaria.

Por lo pronto, este viernes, en horas de la mañana, su actual esposa, la arquitecta Adriana Satler; su primera mujer, Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende, tendrán que concurrir a Tribunales, nombrar abogado defensor y deberán pasar por el trámite del “pintado de dedos” que se establece para todo imputado en una causa. Los cinco están acusados por la Justicia de “cómplice necesario”, como coletazo de la investigación por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública que pesa sobre el diputado nogoyaense.

El jueves 23, será el turno de Allende. Acompañado por su abogado y sobrino, Marcos Rodríguez Allende, tendrá que comparecer ante los fiscales Laura Cattáneo, Juan Malvasio e Ignacio Arramberry, para declarar en instancia indagatoria sobre las imputaciones que pesan sobre sus espaldas. Recién después de ese trámite, su abogado seguramente avanzará, para cumplimentar la posibilidad de un juicio abreviado. Rodríguez Allende viene analizando desde diciembre del año pasado la necesidad de un acuerdo, con reconocimiento de culpas. Hubo reuniones con alguno de los fiscales, como así también con el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García y se barajaron todas las alternativas publicadas por Análisis Digital.

Venta de bienes

La Justicia analiza, además, la posibilidad de trabar la venta de bienes del legislador. Al parecer, se habrían detectado algunas operaciones inmobiliarias por parte de Allende, precisamente para desprenderse de su patrimonio antes de que se lo embarguen; o bien, que lo exijan como parte de la negociación con el Estado, para lograr su expropiación.

Se le exigiría la entrega de la fastuosa mansión de calle Castelli, en pleno Parque Urquiza -ideada y realizada por su esposa Satler-, pero Allende no estaría dispuesto a entregar tal bien, valuado en 750 mil dólares. Así también, el departamento que tiene el legislador en Puerto Madero (de 530 mil dólares), de similares características al del ex fiscal fallecido, Alberto Nissman.

Sanciones para todos

Prisión condicional, renuncia a la banca, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y expropiación de algunos de sus bienes millonarios, valuados en más de 40 millones de pesos. Todo ello estaría dispuesto a afrontar el legislador, a cambio de que se levanten las imputaciones sobre su actual esposa, su ex mujer y los tres hijos con el apellido de Allende: Julio, Victoria y Carolina. Dos de ellos tienen participación accionaria en varias de las empresas que conduce el diputado oficialista.

Adriana Satler está complicada en los “negocios incompatibles” de su esposo, ya que ella era la que recibía los 30 mil pesos mensuales de la Cámara de Diputados, que Allende le aportaba a la Fundación Esperanza, que presidía la arquitecta y que fuera creada por el diputado oficialista. O sea, la mujer cobró 30 mil pesos por mes entre enero de 2008 y diciembre de 2011. El cálculo indica 1.440.000 pesos en tal período.

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