Victoria.- Son aproximadamente 125 mil las hectáreas de islas fiscales ubicadas en nuestro departamento, muchos de estos lotes se entregaban en forma de tenencia precaria con determinadas exigencias. Actualmente se ha producido un vacío legal porque las leyes están derogadas.

El Director de Tierras Fiscales de la provincia, Pablo Bonetto, explicó que han elevado al gobernador un Proyecto de Decreto para que se reglamente el uso de las tierras públicas, contemplando todos los aspectos en el territorio provincial, que todavía no ha sido aprobado porque tiene que pasar por distintos organismos de control.

Estado actual

Reconoció que esto es producto de un vacío legal por falta de tratamiento del Poder Legislativo, y recordó que en principio estaba vigente la Ley 9603 mediante la cual se podían arrendar inmuebles públicos, pero fue derogada y reemplazada por la N° 10092 creando una sociedad del Estado, lo que genero mucha controversia porque en ese entonces se pretendía sembrar en el territorio isleño, como consecuencia fue derogada a los dos meses de su promulgación. Finalmente y relacionada a la tema, se aprobó otra norma, la N° 10100, que también fue derogada.

Según el funcionario, todas fueron normativas puntuales pero no se volvió al espíritu de la original N° 9603, que contemplaba el tema de estos predios públicos en forma integral. Ante esta situación impulsaron un proyecto de ley que nunca prosperó, en consecuencia elevaron este proyecto de decreto para resolver esta cuestión. Para la elaboración de este último tuvieron aportes de distintos sectores, entre los que cuentan el INTA y la Secretaría de Ambiente.

Actualmente el expediente se encuentra en Fiscalía de Estado, que debe emitir un dictamen y finalmente lo firmaría del gobernador. “Estamos a la espera de la normativa, porque de esa manera, se van a regularizar la tenencias de islas”.

Por otra parte, algunos isleños de nuestra zona comentaron a nuestro Semanario que están esperando la resolución porque tenían acceso en forma precaria a lotes en la zona,  pero por estas cuestiones, no podían firmar el contrato de tenencia.

Proyecto

Según Bonatto –en diálogo con Paralelo 32–, para la elaboración de la norma que está siendo revisada por los organismos de control, se tomó en cuenta un estudio que había realizado la Secretaría de Ambiente referido a uso sustentable del delta.

La reglamentación es básica, contempla explotaciones amigables con el ambiente (ganadería, apicultura), además de  resguardar el espacio de los habitantes naturales del lugar que hace años están radicados en esos lotes.

La figura necesariamente tiene que ser la tenencia precaria con el pago de canon,  porque la justicia se ha expedido con relación a las tierras fiscales, los fallos obtenidos por el Estado ratifican que estos inmuebles no son pasibles de usucapión o lo que comúnmente se denomina posesión veinteañal.

Actualmente hay una normativa que habilita a la Dirección a solicitar colaboración a la policía para realizar un relevamiento en la zona de islas, esto se está llevando a cabo en este momento, para tener precisiones con respecto a los habitantes de la zona, identificando a quienes ocupan estos campos. “El objetivo es actualizar todos los datos”.

Reconoció que por la falta de normativa no se están entregando lotes de islas por el sistema de tenencia precaria. Agregó que se apunta a darle transparencia al procedimiento para que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a un lote, si cumplen con la reglamentación que aún que está en elaboración.

Antecedentes

En julio del 2016 el entonces Ministro de la Producción, Carlos Scheppens, a través de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, puso el acento en hacer un uso racional en la tierra para actividades productivas, impulsando la elaboración de un proyecto de ley que defina los perfiles ambientales de Entre Ríos. Hizo referencia a los principios productivos que inspiran desde hace mucho tiempo la explotación de islas fiscales y acotó que debían  ser integrados con principios y pautas ambientales, en la administración de aquellos inmuebles y de las actividades que se desarrollan en ellos.  Esto nunca se materializó.

El anteproyecto –que no prosperó– tenía en cuenta las conclusiones preliminares del Plan de Gestión elaborado con la participación de distintas áreas. El ex funcionario proponía mejorar  la presencia estatal y el control sobre el territorio, y por lo tanto era fundamental  reglamentar. Este Plan establecía la apertura de un registro de productores interesados en la explotación económica de islas fiscales, herramienta que se instrumentaría por decreto.

En cuanto a lo productivo y económico, sólo se desarrollarían  en la superficie de islas y anegadizos pertenecientes al dominio público provincial,  producciones alternativas que sean ambientalmente sustentables, como la ganadería bovina extensiva (pequeños y medianos productores); apicultura y amarraderos de barcazas, entre otras.

Lamentablemente nunca se avanzó en ese aspecto, ahora se intenta resolver estas cuestiones a través de un Decreto reglamentario. Se trata de 125 mil hectáreas de islas y los intereses en pugna, históricamente, siempre han sido muchos.

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